Todos los ríos llevan a la moda

Todos los ríos llevan a la moda

Publicado el Viernes, 7 Jul. 2023

Por Sabrina Erika Sclar

 

Introducción

Todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría de las personas, disfruta el hecho de tener ropa nueva. Una nueva prenda puede significar algo tan banal como el recambio de otra que se rompió, como una cuestión tanto más personal como hacer un regalo, mejorar el día de alguien o incluso incrementar un sentido de pertenencia hacia una comunidad de gustos afnes.

Pero -como sociedad- ¿somos realmente conscientes de lo que le pasa a nuestras prendas antes de que lleguen a nuestras manos? Y si lo somos, nos interesa lo suficiente como para buscar un cambio en la producción en pos de un bien mayor? No debe sorprender que la respuesta a ambas preguntas sea que no. Pero esto no es enteramente nuestra culpa: la desinformación, la ignorancia, la falta de transparencia, de publicidad y varios otros factores influyen de forma tal en los consumidores que se crea una barrera entre ellos y la industria de la moda que invisibiliza casi todo lo que pasa dentro de este sector a cambio de los beneficios de aprovechar sus creaciones.

El objetivo de este trabajo será revelar, en la medida de lo posible, lo que sucede con una pequeña parte de esta producción, y con ello me refiero a todo lo atinente al algodón. Fibra conocida y utilizada por todo el mundo, generadora de grandes controversias y diversas posturas en cuanto a sus usos y beneficios. Lo que se analizará puntualmente en este texto será el daño causado por la intervención del hombre en lo que respecta a la producción textil de este material, con énfasis en las lesiones que sufren las poblaciones cercanas a los cultivos, así como también la contaminación y el desperdicio del agua de la región.

Frente a este panorama cabe resaltar la negligencia estatal con respecto a los cuidados de la salud y del medioambiente; responsabilidades que no sólo ha suscripto a nivel local sino que también se encuentran consignadas en una serie de acuerdos y tratados internacionales que no se están respetando, o que por lo menos no cuentan con un control debido para evitar situaciones de riesgo dentro del territorio de la República Argentina.

Pero debemos entender que esta situación aún puede ser revertida, o por lo menos amainada en un plazo relativamente corto. No es necesario esperar a que las futuras generaciones busquen la solución a todos nuestros problemas. Si tanto el Estado como los productores y consumidores colaboramos y buscamos un cambio positivo dentro de la industria, no sólo estaríamos proyectando una calidad de vida mejor para las poblaciones de los sectores rurales del país y las futuras generaciones, sino que también lograríamos un impacto de tal magnitud que la realidad del ambiente y de los caudales de agua que fluyen a lo largo de nuestros territorios cambiaría drásticamente, al evitar el uso desmedido de este recurso y la contaminación que surge desde la industria en sí misma.

 

Los primeros pasos de la producción de algodón

Remeras, camisas, pantalones, ropa interior…casi todas las prendas que componen nuestro closet pueden llegar a estar compuestas por algodón. Ya sea por preferencia personal, cuestiones de comodidad o referentes a la resistencia de la tela -entre otras- el uso del algodón dentro de los componentes de nuestra vestimenta está tan normalizado que ya ni se cuestiona, e incluso llegamos a olvidarnos que previo a la existencia de nuestra ropa existe todo un proceso de producción que ha tardado meses en culminar. He aquí un pequeño fragmento de lo que no solemos tener presente:

El algodón es una fibra textil de origen vegetal, al proceder de una planta de la familia de las Malvaceae del género Gossypium. Esta planta es perenne por naturaleza, y para lograr ser cultivada requiere de un clima cálido y húmedo, en el cual no se presenten heladas ni lluvias frecuentes durante su período de maduración o de cosecha. En líneas generales, requiere de mucho sol y de mucha agua, ya sea proveniente de la lluvia o de un sistema de riego. Esto sumado al hecho de que el algodón puede crecer en casi todos los suelos que se encuentren drenados, hace que el norte argentino sea una región más que óptima para su cultivo, siendo Chaco y Santiago del Estero las provincias con mayor superficie de siembra de algodón al día de hoy. Este dato junto con la demanda del mercado algodonero han logrado que se lleven más de cinco años consecutivos de incremento del cultivo de algodón dentro del país, llegando a una superficie de 508.247 hectáreas sembradas según uno de los últimos informes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (1) (ahora Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).

No me detendré a explicar el proceso de siembra y cosecha del algodón puesto a que no es el objetivo de este trabajo, pero si este lector desea conocer los pormenores de este desarrollo, le invito a conocer un paso a paso explicativo que realizó el  ingeniero agrónomo y malezólogo de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el Dr. Fernando Oreja en el año 2021 a través de su cuenta de Twitter.(2)

Pero sí hay una parte de este proceso a la cual le dedicaré mis próximos párrafos, en vista de que resulta compatible con los temas expuestos y por el impacto que puede generar en las personas y en el ambiente. Con esto me refiero al uso del glifosato como herbicida durante el proceso de producción del algodón.

Para quien no sepa lo que es el glifosato, le informo que es el herbicida más utilizado del mundo, de origen químico que se aplica a las malezas a fin de que éstas no le quiten a los cultivos sus nutrientes, sol y/o agua. Y a partir de su uso surgen una serie de cuestiones. En principio, acorde a un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), “en el cultivo algodonero el uso continuo de glifosato generó un incremento significativo de malezas resistentes a este herbicida”(3), lo que llevó al desarrollo de nuevas variedades transgénicas de algodón tolerantes al glifosato y a lepidópteros. El problema nace porque la fumigación de este herbicida se produce en los campos antes de que broten los cultivos, y que además puede ser utilizado previo a la cosecha (por ser capaz de secar los cultivos y facilitar así su recolección) cuando el capullo del algodón se encuentra abierto, haciendo que el glifosato quede condensado y pase directamente al producto, contaminándolo en el proceso.

Cabe aclarar que no utilicé el término “contaminar” en vano, porque en el año 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lanzó un comunicado en el cual declararon al glifosato y a otros insecticidas como “probablemente cancerígenos para los humanos (Grupo 2A)”(4) dentro de la segunda categoría de toxicidad cancerígena. En razón de este comunicado, una gran cantidad de países procedieron a prohibir el uso de este herbicida en su territorio; pero no faltaron los Estados que decidieron minimizar este informe, junto con varios resultados que también indican que el uso del glifosato puede provocar alteraciones graves a la salud y al medioambiente. Ahí es donde ubicamos a la Argentina, uno de los países que más ha utilizado este producto en sus fumigaciones a lo largo de los años; y lo que es más, hace algunos años la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL) junto con la Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes (IPEN por sus siglas originales en inglés) realizaron una investigación titulada “Informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina” mediante la cual se expuso la cantidad de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) - entendidos como los plaguicidas que presentan niveles elevados de peligrosidad para la salud o el medioambiente- utilizados en el país, demostrando que en nuestro territorio se utilizan 108 productos que se encuentran restringidos para otros países. Para no alejarme tanto del tema principal, me permito la indiscreción de comentar que para el momento de la redacción de este informe la producción de algodón utilizaba alrededor de veinte PAP identificados (5). 

Es probable que los daños provocados por las fumigaciones en los campos algodoneros no se mantengan en los titulares por mucho tiempo. Es más, seguramente no estemos al tanto ni de la mitad de todos ellos. Pero lo que es innegable son las consecuencias que éstas producen. Aún existiendo fallos y leyes que regulan el uso de los agroquímicos, el período en el que pueden ser utilizados y la distancia en la cual se deben aplicar para entender que no afectarán a las viviendas cercanas o a las corrientes de agua de la zona; las prácticas realizadas dentro de esta industria no suelen ser tan benevolentes. Para que resulte más claro voy a poner como ejemplo algo que pasó en la provincia de Chaco a inicios del año 2021. Aún mediando la Ley Provincial de Biocidas Nº 3311-R (antes Ley 2026-R) y varias medidas cautelares dictadas por la Justicia de Chaco, una avioneta de la Cabaña Don Panos de la empresa Unitec Agro fumigó con agrotóxicos por sobre las comunidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca, al este de la provincia, arruinando sus cultivos personales y enviando a -al menos- 700 personas al hospital debido a que presentaban un cuadro de intoxicación, vómitos, dolores, diarrea y deshidratación.

También tenemos que tener en cuenta que las fumigaciones no afectan sólo a los humanos. Debemos recordar que los otros animales no se encuentran exentos de los efectos que conlleva una fumigación por medios aéreos. Eso mismo es lo que ocurrió en Coronel Du Graty (provincia de Chaco), cuando un productor apícola denunció la muerte de miles de abejas que producían en 110 cajones luego de una fumigación aérea de un campo algodonero ubicado a cinco kilómetros de su chacra (6).

Pero lo que hace a esta situación aún más catastrófica es la degradación y contaminación de los caudales de agua, que se ven afectados directamente por la implementación de los medios de fumigación, y de forma indirecta por la persistencia de los agrotóxicos en el ambiente. Esto último también es muy preocupante, debido a que una investigación sobre la persistencia de los agrotóxicos en el ambiente realizada por Lucas L. Alonso, Pablo M. Demetrio, M. Agustina Etchegoyen y Damián J. Marino, titulada “Glyphosate and atrazine in rainfall and soils in agroproductive areas of the pampas region in Argentina”, ha demostrado que una vez que estos productos se encuentran suspendidos en el aire, pueden volver a caer tras una precipitación o trasladarse a otras zonas, por exceso de precipitaciones o riego pueden trasladarse a cursos de agua superficial, o lixiviarse a través del perfil del suelo hacia aguas subterráneas (7). Y si eso no fuera suficiente, también se ha demostrado la presencia de estos tóxicos en el agua de lluvia, la cual cae inevitablemente sobre un gran número de personas, ya sea se encuentren en zonas rurales, periurbanas o urbanas.

Todo lo mencionado sirve para dar cuenta que la producción de algodón (de la cual sólo el 60% está destinada a la industria de la moda) atañe una serie de cuestiones que ponen en riesgo la vida animal y el bienestar del medioambiente, así como también la salud de las personas, la continuidad de sus cultivos personales y la posibilidad que tienen para acceder a fuentes de agua segura, sin estar obligados a recurrir a aguas que se sabe que están contaminadas, o que por lo menos tienen una alta posibilidad de estarlo.

 

Cadena de responsabilidades

Soy consciente de que el panorama que he presentado hasta ahora puede llegar a parecer desesperanzador en cierto punto. Y en parte es mi culpa, porque sólo describí situaciones de impacto negativas. Pero todo esto no implica que no se hayan pensado soluciones hasta el momento. Los Estados y organizaciones internacionales ya han sopesado los daños causados por la producción del algodón - entre otras cuestiones, obviamente-, y en base a ello se redactaron una serie de acuerdos internacionales y leyes internas cuyo objetivo consiste en evitar situaciones de riesgo para la salud de las personas, el medioambiente y la protección de los caudales de agua. Pero volviendo a las malas noticias, lamento comunicar que no todos ellos se cumplen como es debido. He aquí unos ejemplos: 

En un primer punto, tenemos a los famosos objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas metas de compromiso internacional son objetivos que se encuentran dentro de la  Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (8), en la cual se establecen 17 objetivos a alcanzar para el año 2030, en aras de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Si bien cada uno de ellos es específico sobre su campo, se presenta a la vez una cierta amplitud que permite relacionar los conflictos dados en la realidad con varios de ellos a la vez. Sólo para poner un ejemplo sobre esto, el “Informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina” realizado por la RAPAL y por IPEN que mencioné previamente puede ser relacionado con los objetivos 2 (hambre cero), 3 (salud y bienestar), 6 (agua limpia y saneamiento), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima), 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).

Desde mi punto de vista, esta flexibilidad puede ser algo tan positivo como negativo. Un arma de doble filo si se quisiera. Porque también supone que el accionar del gobierno, del sector privado e incluso de los civiles puede vulnerar a varios de estos objetivos a la vez. Y no sólo eso, sino que estos sectores incluso podrían estar infringiendo el mismo objetivo pero de diferente forma. Bajando esto a la realidad, se puede ver que el objetivo N° 12 “Producción y consumo responsables” es vulnerado por todos los mencionados, pero a través de mecanismos distintos.

Por otro lado, este flagelo hacia las personas y al medioambiente nos posiciona en una situación en la cual vemos desvirtuados varios tratados e instrumentos internacionales a los cuales nos hemos comprometido a respetar como país. Ya sea la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) o cualquier otro documento con el cual nos hayamos involucrado; el hecho de haberlos ratificado nos obliga a cumplir con sus disposiciones. Existe un deber de reconocer, de promover y de garantizar los derechos allí reconocidos, y no es una cuestión que se pueda ignorar.

Tampoco se puede decir que se cumpla en debida forma lo establecido por nuestras propias  normas. Sin la necesidad de hacer un análisis muy profundo es notable que la política ambiental nacional actual está lejos de cumplir con los objetivos a los que apunta la Ley General de Ambiente N° 25.675; y no sólo eso, a lo largo de esta presentación varios de ellos ya se vieron vulnerados por el accionar de los productores de la industria algodonera o por la falta de controles y cuidados provenientes del Estado Nacional. Si bien debemos reconocer los esfuerzos realizados por algunos sectores del gobierno, es innegable que no se está asegurando la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de nuestros recursos ambientales, o que no se promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las distintas generaciones de la población.

Del mismo modo, las leyes vigentes que pueden resultar de utilidad no son aprovechadas a su máximo potencial. Normas como la Ley N° 24.051 (Residuos peligrosos) y su Decreto Reglamentario N° 831/93, que establecen pautas claras sobre la responsabilidad y las sanciones que se pueden llegar a aplicar, suelen pasar por debajo de nuestro radar y terminar siendo poco conocidas por el público; además existe la certera posibilidad de que la sanción aplicada (si es que se llega a aplicar una) tenga tan poco impacto en el infractor que no se vea persuadido para cambiar su modalidad de trabajo.

Las normativas provinciales tampoco se están cumpliendo, y del mismo modo no se imparten sanciones de magnitud tal que hagan que los infractores reconsideren sus conductas. Volviendo al ejemplo de Chaco podemos hablar de la Ley Provincial de Biocidas Nº 3311-R (antes Ley 2026-R), la cual manifiesta en su capítulo VI “Distancias y Aplicaciones” una serie de límites a las distancias en las cuales se puede proceder a la aplicación aérea y terrestre de productos agroquímicos, junto con sus excepciones. Lo allí establecido es muy claro:

“Artículo 26: Prohibiciones. Prohíbase la aplicación área de productos agroquímicos a una distancia inferior a los mil quinientos (1.500) metros de los centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua. Asimismo, prohíbase la aplicación terrestre de dichos productos a una distancia inferior a los quinientos (500) metros.”

Basándome sólo en los ejemplos que he mencionado hasta ahora, es claro que estas distancias no están siendo respetadas, ello sin contar los innumerables casos que han quedado fuera de esta redacción.

Más allá de lo mencionado, el capítulo X de este instrumento establece una serie de sanciones que pueden ser impartidas en caso de certero incumplimiento. Pero la realidad es que, si estos controles están siendo efectivamente realizados, sus resultados son nulos o insuficientes cuanto mucho. Repetidamente vemos cómo los responsables por acatar estas normas eligen vulnerarlas a cambio de un resguardo monetario dentro de su industria, llevándose los derechos de otras personas por delante y saliendo impunes por ello, para volver a cometer estos actos una y otra vez siempre que les resulte conveniente. La negligencia del Estado frente al sufrimiento de su pueblo y al deterioro del ambiente es tal que a los productores ya no les importan las consecuencias de infringir la ley, porque casi seguramente saldrán exentos por sus acciones, o por lo menos tendrán que afrontar una multa que nunca es lo suficientemente alta como para generar un verdadero cambio de conducta dentro de su sector.

 

Alternativas

A fin de evitar un deterioro de la situación en la que nos encontramos, existe la posibilidad de implementar una gran gama de medidas, limitadas únicamente por la imaginación de los intervinientes y el avance e implementación de las nuevas tecnologías.

Por un lado, el Estado bien podría trabajar en una actualización de las prohibiciones y las sanciones referentes a la normativa interna que trata sobre la protección de los recursos naturales y de la salud, a fin de brindar un control adecuado y asegurar nuevos límites que se adecúen a la realidad que atraviesa este mercado. Más allá de eso, el esfuerzo por implementar nuevas políticas públicas puede verse acentuado por las responsabilidades internacionales a las cuales nos comprometemos como país, las cuales denotan un cierto interés por la identificación de un problema y la necesidad de una solución para aquél.

Asimismo, debemos resaltar y celebrar los proyectos existentes de los cuales Argentina ya forma parte, y esperar que sus logros fomenten el intercambio y la ejecución de nuevas medidas en conjunto con otros países. Algo así podemos ver con el proyecto +Algodón que fue iniciado en el año 2013, una iniciativa llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en conjunto con la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay y Perú; cuyo objetivo es promover sistemas de producción de algodón sostenibles e inclusivos (9) a través de métodos como los estudios de análisis, el fomento de las buenas prácticas para la sostenibilidad del algodón y la implementación de innovaciones tecnológicas.

Por otro lado, los productores pueden tomar ciertas acciones para mejorar sus prácticas dentro de la industria algodonera. Algunos de ellos lo han hecho a través de la implementación de herramientas como la plataforma Ucrop.it, que permite la trazabilidad y verificación de las historias de los cultivos, de forma segura y confidencial para los productores. A fin de promover prácticas cada vez más sustentables, se incita a trabajar con semilla fiscalizada (al día de hoy, aproximadamente el 60% de las siembras son realizadas con semillas de origen legal reconocido); además este sistema de registro permite a los productores dar a conocer su sustentabilidad potencial, verificar su aplicación a estándares y acceder a indicadores ambientales para mejorar de forma continua su impacto en el ambiente (10), utilizando las herramientas que le brinda el sistema; y sumado a esto se fomenta la transparencia de la producción al contar con acuerdos digitales que establecen cierta visibilidad para lo que será la relación laboral entre las partes, quienes podrán decidir aceptarlo o no dependiendo de su conveniencia, e incluso podrán rechazarlo porque la otra parte no cumple con el requisito de sustentabilidad al que aspiran.

Otra opción que se les presenta a los productores es la de reinventarse. Tal y como sucedió con la experiencia “N’Oxonec, algodón de frontera” en la provincia de Chaco. Desde el 2017,  un grupo de familias qom de Pampa del Indio y Presidencia Roca aprovecharon la vigencia de una medida cautelar que prohibía las fumigaciones cercanas a sus viviendas y se propusieron recomponer sus suelos para poder cultivar algodón agroecológico, sin la utilización de ningún químico y basándose principalmente en la mano de obra humana para su desarrollo. Lo que parecía un imposible en su momento hoy ya cobró forma, esta producción ya va por su sexta campaña, y son cinco los municipios que adoptaron esta modalidad: Pampa del Indio, Las Palmas, Castelli, La Leonesa, Presidencia Roca y Castelli (11). 

Pero los consumidores también debemos hacer un mea culpa, puesto que este sistema junto con sus fallas se ha articulado con la finalidad de cumplir con nuestras demandas. En nuestra infinita ambición siempre queremos más. Gastamos más y queremos consumir más, tenemos la necesidad de mantenernos a la moda y de seguir ciertas tendencias, lo que nos lleva a un recambio continuo de nuestras prendas, de las cuales no utilizamos el 50% en nuestra vida diaria. Ya nada se hace con una visión de perdurabilidad, sino que la mayoría de las veces se busca satisfacer un capricho momentáneo. Somos nosotros los que obligamos al mercado a ampliarse. Y así como logramos esa hazaña, es posible para nosotros intentar revertirla.

Hay varias cosas que podemos hacer desde nuestro lado. Lo primero y principal es informarnos sobre los procesos de producción que existen detrás de la ropa que utilizamos (ropa o cualquier otro elemento que decidamos consumir), porque existe la posibilidad de que su elaboración conlleve prácticas o componentes que no sean acordes con nuestras creencias o con ideas que buscamos promulgar. Si ese es el caso, lo recomendable es optar por marcas sostenibles -si es que las encontramos- y siempre de la mejor calidad posible, para que duren por más tiempo. Otra opción sería simplemente comprar menos; y si eso se nos hace imposible siempre estará la opción de remendar nuestras prendas rotas, o donarlas y salir a comprar en tiendas de segunda mano o en locales de reventa para poder expandir la perpetuidad de la ropa.

 

Conclusiones

Todo lo que se ha expuesto en este trabajo puede llevarnos a reflexionar si nuestro derecho a vestirnos -porque sí, efectivamente es un derecho- no se ha convertido sin querer en una conquista por sobre los derechos ajenos. Porque quien ha leído hasta este punto ahora es (espero) un poco más consciente de que la remera que nos está esperando en el clóset no se ha conseguido así sin más, sino que su creación y desarrollo la han llevado a atravesar una serie de situaciones que pueden ser conectadas con diversas ramas del derecho.

Lo vemos en la afectación que existe sobre la salud de las personas, o su derecho a alimentarse y a trabajar como es debido, así también como en la negligencia sobre el interés superior de los niños. Éstas son comunidades enteras a las cuales se les restringe la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado para ellos mismos y para sus familias, cuando ni siquiera pueden contar con un acceso seguro a su derecho al agua potable y al saneamiento, porque nunca se sabe qué fuente de agua (incluso la de lluvia) se encuentra contaminada y no es apta para consumo.

El tipo de producción que se da al día de hoy seguirá existiendo hasta tanto el mercado se siga ampliando, y eso no dejará de suceder hasta que los consumidores aceptemos nuestra responsabilidad en el asunto, frenemos nuestro consumo desmedido y optemos por alternativas dentro de las vastas posibilidades que ofrece la  industria de la moda. Pero no puede quedar toda la responsabilidad en nuestras manos. Los productores del sector algodonero deben comprometerse a acatar la normativa vigente -y cumplirla, claro está- y buscar la forma de poner en práctica medidas que renueven su forma de producción en pos de la sustentabilidad y la protección de las personas cuya residencia sea cercana a sus campos de cultivo.

Quizás la próxima vez que compremos ropa podremos ser conscientes de cuál es su costo en realidad, porque después de este análisis podemos asegurar que es mucho mayor del que figura en la etiqueta.

 

*Estudiante de abogacía (UBA)

 

Notas de referencia

  1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2022). Área Algodón. Boletín para el sector algodonero. 16 al 28 de febrero de 2022, Nº2 - 2022, Año XXXI
  2. Oreja, F. [@orejaf] (8 de diciembre de 2021). Sabías que de este puñado de semillas de algodón salen muchos de los jeans o remeras que usamos?. [Tweet]. Twitter. 
  3. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Plantas de algodón tolerantes a herbicidas imidazolinonas (IMI).
  4. International Agency for Research on Cancer. World Health Organization (2015). IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides
  5. Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina y International Pollutants Elimination Network (2019). Informe sobre los plaguicidas altamente peligrosos en la Argentina. Pág. 39
  6. Chaco día por día, la noticia en toda su dimensión (4 de marzo de 2020). Agrotóxicos: denuncian que tras una fumigación aérea murieron miles de abejas en el sudoeste.
  7. Alonso, Demetrio, Etchegoyen & Marino, 2018. Aparicio et al., 2013. Etchegoyen et al., 2017. Paganelli et al., 2010. Ronco et al., 2016.
  8. Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
  9. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (s.f.). Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO.
  10. Ucrop.it. Sustentabilidad (s.f.)
  11. ElDiarioAR (17 de junio de 2023). El cultivo de algodón agroecológico devuelve la esperanza a comunidades qom del Chaco.

 

Bibliografía

Por Sabrina Erika Sclar

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